No se puede negar que la corrupción
política y la irresponsable gestión financiera se lo han puesto fácil a los
especuladores. Estos tres jinetes del apocalipsis económico (corrupción,
especulación e irresponsable gestión financiera) han dominado numerosos Estados
europeos de la zona euro en los últimos 20 años. La pregunta es inevitable: ¿En
qué terreno abonado han florecido la corrupción la especulación y la
irresponsable gestión financiera? Curiosamente en el terreno abonado por los
mercados. Fueron los mercados los que generaron los vicios económicos que ahora
los políticos quieren corregir castigando a los ciudadanos llanos en lugar de
penalizar a los mercados. No cabe mayor desatino e insensatez. Porque las
consecuencias de esos pecados están siendo agravadas por las decisiones de la política
económica que está tomando la Unión Europea. Políticos de vuelo corto y bien
mandados no están tomando medidas contra las verdaderas causas de los pecados,
contra la corrupción, la especulación y la irresponsable gestión. No. Están
tomando medidas contra los trabajadores, los ciudadanos llanos y los
consumidores: recortes en derechos laborales, recortes en educación, en
sanidad, en servicios sociales, subidas de impuestos, etc. No hace falta describir el desastre social en
el que concluirá esta ceguera de la política económica europea.
¿No hay alternativa posible?. Sí,
pero el ciudadano llano necesita políticos corajudos que giren el punto de mira
y dirijan las armas de la ley y la democracia contra los mercados. Sobran decretos-ley contra el seguro de
desempleo, contra la educación, contra la sanidad, contra la ley de
dependencia, contra los salarios y las pensiones, contra las energías limpias,
contra el consumo razonable etc, y faltan decretos-ley y directivas
comunitarias contra los productos financieros tóxicos, contra el movimiento
especulativo de capitales, contra los paraísos fiscales, contra los directivos
corruptores, contra los políticos corrompidos, contra los defraudadores de la Hacienda
Pública, contra los abusadores de los servicios púbicos, contra las exenciones
de impuestos etc.
No me extenderé en explicar las
numerosas ventajas económicas, políticas y sociales de un impuesto sobre las
transacciones financieras. La primera y más evidente es de orden político. Los
Estados estarían enviando un mensaje claro a los mercados: la soberanía popular
reside en los Estados y es el Estado quien tiene el poder legítimo para imponer
reglas y leyes a los mercados, y no los mercados los legitimados para imponer
recortes y obligaciones al ciudadano llano. Este gesto es en sí mismo una
revolución. Afirmo sin riesgo a equivocarme que si el Estado no lo hace, los
ciudadanos llanos se rebelarán contra el Estado. La incógnita no es si habrá
rebelión o no. La incógnita es cuándo se producirá. La segunda es de orden
económico: un impuesto sobre las transacciones financiera sería la primera
piedra de una revolución de los sistemas fiscales del Estado democrático
avanzado. Es esa revolución fiscal lo que nos permitiría salir de la crisis.
Para ello sería deseable recuperar los valores éticos y morales de la mayor
parte de los responsables políticos, sindicales y empresariales que al fin y al
cabo son los responsables de lo que ha pasado y de lo que pudiera pasar. Entre
todos han conseguido cansarnos y agobiarnos.
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